En este caso, en opinión de un tribunal, el silencio no es salud. Sucede que ni el Ministerio de Seguridad ni la Dirección de Servicios Penitenciarios le respondieron a la sala II de la Cámara Penal un oficio en el que les solicitaban que empleados, internos y autoridades de la cárcel de Villa Urquiza se sometieran a un estudio para saber si habían consumido drogas. A más de un mes del primer intento, los vocales Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena le enviaron otra nota al ministro de Seguridad, Mario López Herrera. El funcionario tiene dos días hábiles para contestar el escrito, según fuentes judiciales consultadas por LA GACETA.

El conflicto de la droga en la cárcel se dio a conocer en octubre, cuando LA GACETA publicó un informe realizado por la sala II.

En agosto de 2008, Herrera Molina y Piedrabuena se entrevistaron con algunos de los 114 reos a su cargo. Durante las conversaciones, los magistrados detectaron que varios de los reclusos evidenciaban signos de haber consumido algún tipo de sustancias. Por eso, con la colaboración de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, les realizaron análisis de orina a los presos.

Los resultados causaron preocupación: más del 65% de los individuos había consumido marihuana y psicofármacos. Incluso, hubo cuatro casos en los que se detectó morfina.

En diciembre de 2008, los camaristas les remitieron copias del expediente a la Corte Suprema, a la Justicia Federal y al Ministerio de Seguridad, entre otras autoridades. Recién un año más tarde hubo un cónclave en el que se trató el tema y se diagramaron proyectos.

A fines de 2009, la sala VI de la Cámara Penal también se preocupó por la situación. El ya jubilado camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas solicitó un informe similar al que habían ordenado sus pares de la sala II. En febrero recibió algunos resultados (un 60% de los internos se drogaba), pero el estudio no será culminado, según fuentes consultadas por este diario.

Intento
En abril, Herrera Molina realizó un intento por conocer qué porción de la población carcelaria consume estupefacientes. Entre sus objetivos estaba que los directores del penal, Roberto Guyot y Guillermo Snaider, también realizaran esos estudios, así como todos los guardiacárceles y los empleados del Servicio Penitenciario.

Además, el magistrado requirió que se les realicen análisis a los reos que llegan al penal y a los que gozan de beneficios extramuros.

También solicitó que se le explique cómo funciona la sala para alojar adictos que se abrió en un sector de Máxima Seguridad del penal.

Hasta ahora, el tribunal no obtuvo respuestas.